martes, 16 de febrero de 2010

El presidente Uribe en Hora 20

Participó anoche el presidente Uribe en Hora 20, el famoso programa de Caracol radio, cuyo tema en esta ocasión fue la reforma al sistema de salud por medio de la emergencia social. La parte más interesante de la discusión fue el principio, cuando Alejandro Gaviria expresó su inconformidad por el hecho de que la reforma hubiese sido adoptada por decretos de emergencia, sin haber pasado por el escenario de discusión democrática que es el Congreso. Uribe contestó pero no respondió, es decir, no ofreció razones satisfactorias en contra del reclamo de Alejandro Gaviria. Pero lo que dijo contiene claves interesantes.

El Presidente contestó, en resumen, que la reforma sí había estado precedida por un amplio proceso de discusión y de consultas, las cuales había llevado a cabo él mismo en actividades como las reuniones con gobernadores, los consejos comunitarios, sus encuentros con asociaciones diversas, y sus diálogos con grupos de interés vinculados al tema. Mírese con cuidado esa explicación, y se hallará lo siguiente:

En primer lugar, las razones de Uribe no responden al reclamo inicial, y ni siquiera hacen referencia a éste. No está mal que el Ejecutivo discuta los problemas de manera directa con sectores de la población como los mencionados. Pero eso no lo exime de acudir a la instancia de representación democrática que es el Congreso.

Segundo: al no haber acudido al Congreso y al haber expedido la reforma mediante decretos de emergencia, no sólo se evadió la instancia esencial del trámite democrático, sino que se produjo una desnaturalización de los estados de excepción, en particular del estado de emergencia económica y social. Como su nombre lo indica, los estados de excepción son una herramienta para responder ante circunstancias graves y excepcionales, y por tanto las medidas que con fundamento en ellos se expidan deben dirigirse únicamente a conjurar esas circunstancias. Pero en este caso, en uso de las facultades de un estado de excepción, prácticamente se expidió todo un régimen general de regulación de una actividad, de un derecho y de un servicio. Esto va más allá de la necesidad de neutralizar una emergencia súbita; y aunque la intención sea buena —expedir una reglamentación que impida que se repita la emergencia— la manera de ponerla en marcha es contraria a los principios democráticos: la expedición de normas para regular asuntos tan amplios como la salud corresponde al Congreso, y el carácter de estas reformas pertenece de modo esencial al tipo de discusiones que deben llevarse al legislativo. Con esta conducta, el Gobierno está desnaturalizando los estados de excepción.

Tercero: tómense los dos elementos anteriores, y se verá que el sonado y misterioso “estado de opinión” que ha venido pregonando el Presidente es más que un simple divertimento de teoría política. Aquí lo vemos en acción, aquí exhibe su dimensión práctica: el Presidente considera que el contacto directo de él mismo con el “pueblo”, o con quien quiera que el Ejecutivo designe como representante de aquel, constituye una instancia suficiente de discusión de los asuntos nacionales. ¿Para qué tener Congreso, cuando el Presidente puede examinar los problemas en reuniones con gobernadores o en consejos comunitarios, y tal examen basta para que se adopten medidas? ¿Para qué tener un órgano legislativo y representativo, cuando las normas que regulan de manera amplia las actividades y los derechos ciudadanos pueden adoptarse mediante decretos de emergencia?

Y no digo esto sólo por participar de un clima de oposición: de hecho, considero que, en su parte sustancial, la reforma tiene una orientación correcta y necesaria.

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