lunes, 15 de febrero de 2010

Salarios mínimos diferenciales

Esteban Piedrahita, Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), hizo explícita la idea de que en Colombia haya salarios mínimos diferenciales. Ya esa idea había sido propuesta por Juan Mauricio Ramírez, subdirector del DNP, en una columna de prensa. Tal como está presentada la propuesta de Piedrahita, la diferenciación se haría por regiones, y más específicamente, por la productividad que se observa en cada región. En otras partes del mundo hay también salarios mínimos diferenciales por edad, por grado de cualificación, y por la ubicación rural o urbana del trabajo.

Es normal que la propuesta cause inquietud, pero una vez se la examina con calma, se ve que en ella hay mucha sensatez, y que lejos de perjudicar a los pobres de Colombia, podría hacer que ellos se acerquen a ese ideal que para tantos es esquivo: el de un empleo formal, regulado por un contrato, protegido por la ley, y vinculado a la seguridad social.

Las voces de alarma no han sido pocas. Algunos dicen que creará desigualdad. Otros (Álvaro Montenegro, según Portafolio), que es una propuesta “neoliberal”, cuya lógica es la de reducir los beneficios que obtiene el trabajador, con el pretexto de que así será más fácil la contratación. Estas son las reacciones típicas de quienes defienden el statu quo en materia laboral, y que de modo increíblemente terco rehúsan siquiera considerar modificaciones parciales de este. Y en verdad, si queremos ver desigualdad, y si queremos ver pobreza, basta asomarnos a la realidad laboral actual de Colombia. Después de contemplarla, no se entiende cómo sigue habiendo tanta resistencia al cambio.

Este es el panorama: el desempleo en Colombia se aproxima al 12%. Ni siquiera en épocas de buen crecimiento económico se logra que esa cifra baje más allá del 9%, la cual por sí misma es alta y preocupante. En los jóvenes (población entre 14 y 26 años) el desempleo es del 20%. En las mujeres jóvenes es del 27%. Pero la peor de todas las cifras es esta: más de la mitad de los trabajadores colombianos están en la informalidad (52% o 58% según los parámetros de medición). Entre los informales, el 60% son trabajadores por cuenta propia, y el 88% no hacen cotizaciones a la seguridad social. Es decir, a ellos les espera una vejez de trabajo y de pobreza. Estas personas, los informales, están por fuera de las márgenes de ese régimen laboral que tanto defienden algunos. Más de la mitad de los trabajadores colombianos está excluido de su protección. Me pregunto: ¿qué sentido tiene defender un régimen laboral, sobre la presunta base de sus beneficios sociales, cuando más de la mitad de la población está excluida de tales beneficios? Así, mientras las centrales obreras siguen repitiendo viejas consignas, y Álvaro Montenegro sigue calificando de neoliberal a todo aquel que proponga una idea interesante y atrevida, la realidad del trabajo en Colombia seguirá siendo la informalidad, y la verdad más contundente seguirá siendo que los sublimes beneficios del régimen laboral son privilegio de una minoría.

Los verdaderos pobres de Colombia no son los trabajadores que ganan el mínimo: son los jóvenes que ofrecen dulces en los semáforos, o las familias que recogen cartones en las calles. Valdría la pena preguntarles si estarían dispuestos a tener un empleo formal cuya remuneración nominal sea inferior a la del salario mínimo legal, pero acompañado de todas las prestaciones de ley, y con aportes a la seguridad social en salud y pensiones.

Otra verdad contundente es que las realidades del trabajo no son ni pueden ser las mismas en todos los niveles, a todas las edades y en todos los casos. Si en un departamento como el Chocó la productividad es muy inferior a la de Bogotá o a la de Medellín, es insensato pretender que el salario mínimo legal sea el mismo en ambos lugares. El salario mínimo es un límite inferior del mercado de trabajo: en el Chocó, quedarán por debajo de ese límite un número de personas mayor que en Medellín o en Bogotá. Lo mismo sucede cuando se examina la diferencia entre el empleo rural y el urbano. ¿Por qué no considerar, entonces, que haya límites inferiores diferenciales, que no condenen a la informalidad a tantas personas? Si el desempleo juvenil es tan alto, ¿por qué no considerar para los jóvenes un salario mínimo diferencial, si se quiere de modo temporal? Si la economía colombiana no ha creado un solo empleo en 10 años para las personas sin educación superior (investigación de Hugo López), ¿por qué no ofrecer a estas personas una oportunidad de incorporación, en vez de arrojarlos a la indigencia? ¿Por qué tenemos que rechazar de plano esta idea, cuando ciertos países célebres por su espíritu social, como Bélgica, Canadá, Francia y Holanda la han puesto en marcha? Sólo porque se alteraría de manera parcial un statu quo, el cual satisface a ciertos ideólogos, pero expulsa a millones de colombianos a los extramuros de la economía. Y ya son más de la mitad los que allí habitan.

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