viernes, 14 de mayo de 2010

Uribe comenta la acusación formal a Pretelt: interesantes detalles

Como ha informado la prensa, la Fiscalía presentó acusación contra el ex ministro Sabas Pretelt por el delito de cohecho, en relación con el caso conocido como “yidispolítica”, consistente en el presunto ofrecimiento de beneficios a la ex congresista Yidis Medina para que ésta cambiase su opinión, y votara a favor del acto que permitió la reelección del presidente Uribe.

Lo interesante está aquí: el abogado de Sabas Pretelt, Jaime Bernal Cuéllar, afirmó haber presentado “innumerables pruebas” de que “no sólo no hubo ofrecimiento, sino que fue imposible haberlo hecho un año o año y medio antes de que se presentaran dos vacantes que se mencionan en el proceso” (El Tiempo, mayo 14). La línea argumental de la defensa es entonces clara: el hecho no sucedió.

Pero de acuerdo con los medios, el presidente Uribe manifestó hoy en una entrevista radial, tras expresar su pena por el llamamiento a juicio de Pretelt, que “…duele mucho que se esté confundiendo lo que ha ocurrido toda la vida en Colombia, que es dar representación, estudiar recomendaciones, que se hace en todas partes del Estado (…) con el cohecho”. Uribe entonces contradice la tesis de la defensa, porque en sus palabras se asume que los hechos sí ocurrieron: lo que pide el mandatario es que de ellos se haga una interpretación jurídica diferente.

Pero además de su contradicción con la defensa de Pretelt, las tesis de Uribe constituyen motivo de inquietud. En primer lugar, ellas parecerían una justificación del clientelismo, apoyada en el muy pobre argumento de que tal fenómeno ocurre de forma extendida y siempre ha ocurrido. Pero supongamos que no era esa la intención de tales palabras: hay en ellas de todos modos un error. Porque si bien es totalmente válido recomendar personas para asumir cargos públicos, no es por eso que se juzgará a Pretelt: el hecho del que se le acusa es haber realizado tales recomendaciones a una funcionaria pública a cambio de que ella adoptara un cierto curso de acción, a cambio de que ella modificara sus decisiones, y lo hiciera a favor de los propósitos del Estado. Eso excede los límites de la simple recomendación: de probarse que el hecho sucedió, no sería más que una compra de conciencia. Y eso, aun cuando se hiciera y se practicara en todos los niveles del Estado, sería igualmente digno del más sonoro rechazo social, y naturalmente de la acción de la Justicia.

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