lunes, 14 de marzo de 2011

Al amanecer del lunes: la reforma universitaria de Santos

REFORMA UNIVERSITARIA DE SANTOS: El largo articulado del proyecto de reforma universitaria conduce a una pregunta muy simple: ¿para eso se tomó siete meses la Ministra de Educación? Desatendamos por un momento toda la palabrería de la Ministra sobre la “era de internet” y otros clichés y lugares comunes, y vayamos al articulado mismo. No hay nada en él, no hay una sola disposición ni una sola reforma, que haga presagiar que la universidad colombiana se elevará hacia mayores logros en calidad y en investigación. El eje del proyecto, su núcleo, su médula, no es más que una simple redenominación: la de crear la categoría de “instituciones de educación superior”. Un cambio de nombre que no va a producir cambios reales en calidad. Pero sí hay en este articulado asuntos preocupantes. El primero ha despertado con razón temores acerca del futuro de la universidad pública: la misteriosa autorización de ingreso de capitales privados a tales universidades, cosa que ni el presidente Santos ni la propia Ministra han podido explicar a satisfacción. Se han apresurado a decir que no se trata de una privatización, sino tan solo de permitir asociaciones entre la empresa privada y la universidad pública para proyectos de investigación. En ese caso no se estaría haciendo nada nuevo: tales esquemas de asociación son permitidos hoy, y con frecuencia se ponen en marcha. Y además, no es eso lo que dispone el artículo 10 del proyecto: éste introduce como finalidad de la participación privada “el apoyo a la prestación y el mejoramiento del servicio educativo”. En términos claros, el artículo permitiría la participación privada en la ejecución de la actividad principal de las universidades públicas, y por tanto los temores sobre privatización son justos. Y cabe repetir una pregunta que ni la Ministra ni el Presidente pudieron responder de forma clara, cuando se apresuraron a decir que no hay privatización: ¿qué motivará la participación privada, si no es la expectativa de un beneficio económico? No será la filantropía, pues para ella no se necesita este cambio legal. Dice la Ministra que será el interés de obtener un provecho con los resultados de las investigaciones: cosa que está muy bien, pero que, como decíamos, pertenece a ese otro esquema que ya existe y que ya funciona. Queda entonces por explicar qué motivaría al sector privado a involucrarse en la prestación del servicio educativo, y no es visible otra respuesta como no sea la expectativa de lucro. De modo que, si se abre la puerta a que el servicio educativo en las universidades públicas sea parcialmente prestado por el sector privado, y que éste lo haga con expectativa de lucro, en la más sana lógica se concluye que la puerta queda abierta para la privatización parcial de la universidad pública.

REFORMA UNIVERSITARIA DE SANTOS II: Ahora bien: cabe también preguntarse qué hace pensar a la Ministra que tal contribución es bienvenida. La intervención del sector privado en proyectos conjuntos de investigación es comprensible, y es más que bienvenida: se hace con frecuencia, por ejemplo, en el desarrollo de nuevas tecnologías, de procesos industriales y de productos novedosos. ¿Pero cuál podría ser la participación del sector privado en el proceso educativo? Si por sector privado entendemos el sector empresarial, difícilmente se ve cuál podría ser su aporte, pues la educación no es su especialidad. Si entonces se refiere la Ministra a las instituciones educativas privadas, estaría cayendo en el absurdo de que unas universidades de nivel muy inferior (la mayoría de las privadas) apoyen el trabajo de otras de mucho mayor nivel (las grandes universidades públicas). Todo el proyecto, en general, descansa sobre una injustificada confianza en el sector educativo privado, y parecería tenerle a éste como modelo. Un sector que, dicha sea la verdad, ha vivido la multiplicación de sus entidades sin que tal cosa haya venido con un aumento de la calidad: en Colombia existen múltiples universidades privadas, la mayor parte de ellas de muy baja calidad, dedicadas al negocio de la producción industrial de graduados y a la ganancia económica. Esquema este que el proyecto regularizará al permitir la actividad universitaria con ánimo de lucro. Queda la sensación, tras la lectura del proyecto, que es este modelo, el de las llamadas “universidades de garaje”, el que presidirá sobre la educación universitaria colombiana; y el gobierno se lavará su conciencia con la imposición de unos requisitos mínimos que aparentan ser de calidad, como la exigencia de ciertos títulos a los profesores: requisitos que no son difíciles de cumplir, en un país en el cual los títulos universitarios son objeto de producción en línea. Mala decisión histórica tomará Colombia si decide debilitar sus universidades públicas: el papel que ellas cumplen no podrá suplirse mediante un enjambre de negocios mercantiles que producen decenas de graduados por minuto; centenares de portadores de cartones cuyos conocimientos distan de ser sólidos. De modo que, en conclusión, en el sector universitario reinará la consigna que ha abanderado la política de educación elemental y media durante los últimos años: cantidad, cantidad y cantidad.

TRANSMILENIO POR LA SÉPTIMA: El ex ministro Carlos Caballero hace en su columna del sábado un llamado a que la ciudadanía se movilice (El Tiempo). Es un llamado al cual no dudo yo en unirme, teniendo en cuenta la gravedad de lo que está por sufrir Bogotá. La administración municipal, la del cuestionado Samuel Moreno, gravemente reprobado por la ciudadanía en todas las encuestas, se empeña en la construcción de una línea de transmilenio por la carrera séptima. He sido y seguiré siendo defensor de transmilenio, pero, según todas las advertencias que hemos oídos de voces autorizadas, el diseño que con obstinación se empeñan en emprender es bastante deficiente. Pero se realizará además en una ciudad buena parte de la cual se halla destruida por causa de otras obras, algunas de las cuales preocupan por su lento avance; otras simplemente acusan abandono. Moverse por la ciudad será imposible: algunos sectotes, como el centro, quedarán en la práctica aislados. Las vías no intervenidas, aquellas que se proponen como alternativa temporal de desvío, son a simple vista insuficientes para recibir aquel gran flujo de vehículos. Y todo esto será liderado por la administración que, en la historia de Colombia, más ha sido cuestionada por la corrupción en las grandes obras. Cosa que nos lleva a una preocupación de más grave índole. El ex ministro Carlos Caballero se vale de la expresión “gato encerrado” para sugerir algo que ya muchos temen. Expliquemos. Nadie entiende la obstinación del alcalde Moreno por emprender esta obra, y por hacerlo en contra de todo consejo. Se lo han advertido decenas de expertos. Decenas de columnistas y de líderes de opinión han hablado contra la obra. Incluso lo ha dicho la misma Procuraduría, a cuyas advertencias los funcionarios públicos temen casi con pánico. Moreno emprende la obra incluso contra su propia opinión anterior: de manera enfática se había comprometido a no realizarla. Resulta, entonces, incomprensible su determinación actual de realizarla, y es forzoso preguntarse por el origen y el fundamento de esta. Al observador bogotano no le queda más que temer que los motivos sean de baja estirpe. Al fin y al cabo, las investigaciones recientes han demostrado la existencia de esquemas de alta corrupción en las obras públicas de Bogotá: y esa experiencia no aconseja más que temor a que siga sucediendo lo mismo.

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