miércoles, 27 de junio de 2012

Aceptemos el recurso de las sesiones extras, a condición de que asuman responsabilidades

Si en la práctica el recurso de las sesiones extras entierra definitivamente la reforma, y nos permite al menos calmar la gran inestabilidad que nos espera, y que tan perjudicial sería para el país, creo que no hay otra alternativa que aceptar ese horrible instrumento.

Basta considerar las graves consecuencias prácticas que para nuestro país tendría una nueva fase de inestabilidad institucional: me vienen a la memoria los años noventa, cuando el presidente de entonces, al igual que el de hoy, respondió “fue a mis espaldas” frente a un acto que suscitó la indignación ciudadana, como hoy la suscita la espantosa Reforma a la Justicia, la cual con el mayor ánimo clientelista negociaron gustosos el gobierno y el Congreso.

Pero si vamos a aceptar el recurso de las sesiones extras, tal aceptación debe tener un precio, por cuanto él implica que accedamos a unas peligrosas interpretaciones de nuestra Constitución, según las cuales el Ejecutivo tendría poder de veto sobre los actos del poder constituyente. Y debe tener un precio porque, además, no podemos permitir que los culpables de esta desgracia se salgan con la suya, laven sus culpas en las sesiones extras, y dejen que el tiempo y que nuestra típica indiferencia hagan desvanecer el problema.

El precio no puede ser otro que la responsabilidad: todos y cada uno de los culpables, en el gobierno y en el Congreso, deben asumir su responsabilidad política, y no sólo deben asumirla verbalmente, con esa falsa contrición que les es tan conocida. Deberían dejar sus cargos como muestra de dignidad. Eso fue lo que no hicieron en la época del “fue a mis espaldas”.

Y ni siquiera así puede terminar este drama. Si algo nos ha enseñado la reciente cadena de hechos, es que nuestro establecimiento político está todo él interconectado en una gran red de clientelismo, de corrupción, de favorecimiento y de concesiones mutuas. Incluso gente joven que parecía traer aires de renovación, incluso un Simón Gaviria, un Juan Carlos Echeverry por ejemplo, han ingresado a la maquinaria y participan de ella.

No creo que nuestra crisis pueda resolverse dentro del establecimiento político actual: ya lo intentamos mediante sucesivas reformas políticas, cuyas disposiciones buenas luego son objeto de la revancha parlamentaria; cuando no las convierten en oportunidad para crear privilegios y legalizar trampas.

En resumen, esta es la oportunidad para que en el país emerja otra oleada de liderazgo fresco, que sea por completo ajeno a este establecimiento. Un liderazgo que no solo renueve la conformación de nuestras instituciones, sino que emprenda con toda la energía la tarea de transformar culturalmente a nuestro país. Porque al respecto no podemos equivocarnos: la culpa en el fondo de lo que está ocurriendo es de un pueblo que aún, doscientos años después de independizarse, no sabe ejercer con madurez el derecho al voto; la inmensa mayoría de los colombianos no votan por conciencia ni por convicción. Por ello de nada sirve promover que en el futuro no se vote contra Enriquez Maya, o contra Corzo, o contra cualquiera otro de estos sinvergüenzas: a quienes votaron por ellos, y a quienes votarán por ellos, no les importan para nada estas razones ni estos argumentos. Votan porque son una clientela, son un capital político, que sólo abandona a su beneficiario si otro lo captura o se lo roba. En la medida en la que este mecanismo siga imperando, no dejarán de acompañarnos las decepciones, a las cuales somos por cierto más propensos por creer que todo lo podemos solucionar con cambios normativos: ahí está la constitución de 1991, gran esperanza de cambio político, enterrada bajo el proceso 8.000, la parapolítica, la creciente corrupción, y ahora por la Reforma a la Justicia.

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