martes, 10 de noviembre de 2015

La competencia es un valor público (evocando a Adam Smith).

Por una injusticia cuyo origen desconozco, el nombre de Adam Smith es asociado con doctrinas de capitalismo salvaje y mercado libre irrestricto. Es asociado también con una defensa a ultranza del empresario, y un desprecio por el trabajador. Una lectura de la obra del filósofo escocés muestra fácilmente la falsedad de ambos mitos.


Del primero, porque Adam Smith no fue nunca un proponente del mercado libre irrestricto. Creía que en el mercado, gracias a la división del trabajo, las necesidades humanas se encontraban y se complementaban. No creía en la codicia desaforada: creía que el cuidado que cada uno da a sí mismo era el motor de las decisiones económicas, las cuales se manifiestan en el intercambio. Y este mercado lo concebía, no ilimitado, sino sujeto a normas legales pero sobre todo morales.


Pero la mayor equivocación es rotular a Adam Smith como un defensor del empresariado, pues, de hecho, en pocas partes se puede encontrar tanta desconfianza en el empresario, y sobre todo en la clase de los empresarios, como en La riqueza de las naciones (1776) de Smith. De hecho, varias de sus ideas al respecto me han venido a la memoria, gracias a los recientes debates sobre cartelización en sectores de la economía colombiana como los ingenios azucareros.


¿Cuál es la perspectiva al respecto de Adam Smith? La competencia entre empresarios favorece al público: es, de hecho, un interés público que exige protección. En una visión ingenua del mercado, se asume que los empresarios, en tanto maximizadores de su provecho individual, también quieren la competencia, aspirando a conquistar el mercado y desplazar a los competidores. La competencia, sin embargo, entraña incertidumbre: puede ser que en ella yo resulte triunfador, pero también en ella podría verme desfavorecido. De modo que hay otra alternativa que también es razonable para el empresario: acordar con sus colegas la repartición del mercado. Así, se renuncia a la expectativa de grandes ganancias, en favor de la certeza de ganancias tal vez menores pero seguras (y muy probablemente, con precios mayores a los que habría en libertad).


En Colombia, la cartelización (que en mi opinión es una tendencia casi natural del empresariado) ha sido exacerbada por el papel que hemos dado a los gremios. Desde la primera mitad del siglo XX, sucesivos gobiernos han dado a los gremios el papel de interlocutores, de voceros del empresariado, y en algunas ocasiones incluso de voceros de la sociedad civil. Algunos de estos gremios incluso han recibido funciones paraestatales, como la recolección y administración de contribuciones parafiscales (Fedecafé, Fedegan). Y como en su dirigencia y estructura los gremios han sido más estables que el gobierno (sujeto como está a los cambios periódicos), dichas organizaciones han capturado un poder significativo en la determinación de la política pública. Esto era incluso más visible antes de la apertura económica de los noventa: los gremios se las arreglaron para que el proteccionismo fuese una política de Estado, capturando así sus miembros grandes rentas en perjuicio del consumidor, y manteniendo a la producción nacional en un bajo nivel de competitividad del que aún no logra salir.


Así, se ha favorecido la agrupación de los empresarios en estas organizaciones, que me recuerdan esta frase de Adam Smith:


"Rara vez se reúnen personas del mismo oficio, aun con propósitos de entretenimiento y diversión, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público, o en una maquinación para hacer subir los precios" (La riqueza de las naciones, Libro I cap. X).


Dice en otro pasaje:


"Los negociantes tienen siempre un interés en ampliar el mercado y reducir la competencia. Ampliar el mercado es con frecuencia favorable al interés del público; pero reducir la competencia siempre es perjudicial para el público, y solamente puede beneficiar a los negociantes, aumentando sus ganancias por encima de lo que naturalmente serían, y gravando, para su beneficio, a sus conciudadanos con un impuesto absurdo" (Libro I cap. XI).

Aun cuando las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio pueden tener el efecto de castigar y desincentivar la cartelización, hay algo que vale la pena notar: dichas decisiones no surgen de una iniciativa del público en defensa de sus intereses, sino de la iniciativa de otros empresarios, los afectados, quienes tal vez capturarán las rentas que perderán los sancionados. Hace mucha falta en Colombia una conciencia amplia del valor de la competencia, y de la necesidad que tiene la sociedad civil de protegerla como interés público.

Las dos citas son traducción libre de la edición de 1976 de la Universidad de Chicago, y respectivamente están en las páginas 144 y 278.

1 comentario:

  1. muy bueno, excelente retomar los clásicos para describir los problemas de hoy

    ResponderEliminar