domingo, 26 de marzo de 2017

A propósito de Cajamarca: ambos lados del debate se equivocan, y es el marco de normas el que produce esta errada polarización

Sobre el resultado de la consulta popular de Cajamarca no hay nada que decir. Más contundente imposible: con un porcentaje superior al 97%, y un nivel de participación nada despreciable, la población de Cajamarca dijo no a los proyectos de minería de oro en su municipio, en particular al proyecto La Colosa de Anglo Gold Ashanti.

La consulta es el corolario de un largo debate cuyas posiciones vemos reproducirse ahora mismo, en las reacciones al resultado: un sector lo celebra como una victoria de la democracia ambiental local, y otro lo deplora como un atentado a las condiciones de inversión y a la estabilidad jurídica. Añaden los primeros que así se construye democracia desde el territorio, y los segundos que es injusto que un municipio prive a todos los colombianos de rentas a las que tienen derecho constitucional.

Creo que ambos bandos están equivocados. Y más aun, creo que las reglas actuales solo sirven para producir ese tipo de alineación polarizada, e impedir una solución.

Las reglas actuales, a mi modo de ver, producen necesariamente que el desenlace sea un todo o nada. Así, no hay más opción racional que la polarización: cada actor interviniente se ve obligado a asumir una posición en un arreglo binario de sí o no. Se pierden, entonces, los complejos matices que hay en un conflicto de esta naturaleza. Y se pierde la posibilidad del diálogo y de la búsqueda de un terreno común.

¿Cómo llegamos a esto? Primero, venimos de un sistema de reglas que en todo beneficiaba a las empresas y a sus proyectos. Era un arreglo normativo dentro del cual no había consideración alguna de los intereses y preocupaciones de los habitantes de las zonas de operación minera y petrolera, ni de sus autoridades, ni de sus comunidades ancestrales. Esta realidad (que observé numerosas veces como consultor) se matizaba mediante mecanismos ineficaces como las socializaciones o incluso las consultas previas, pues en ambos casos empresas y gobierno no estaban obligados más que a asistir (ni siquiera a escuchar). Y fue así como a lo largo de todo el país, los proyectos de explotación minera y petrolera se ejecutaron sin consideración de los intereses locales, lo cual condujo a numerosos abusos y a numerosas expresiones disfuncionales de la participación social (como la búsqueda cuasiextorsiva de rentas en proyectos en marcha).

Era inevitable, entonces, que surgiera y creciera un reclamo en favor de la consideración de los intereses locales. Éste se ha expresado mediante iniciativas de consulta popular en varios municipios del país, frente a los cuales se ha querido oponer el argumento de que, de acuerdo con la Constitución, los recursos del subsuelo son de la Nación, y por ello decidir sobre su explotación no es una potestad local. Es cierto que la Constitución dice eso. Pero también es cierto que los municipios tienen la potestad de regular el uso del suelo, y lo hacen, por ejemplo, dictaminando qué tipo de actividad económica puede ejercerse en tal o cual zona. Y además, apegarse a rajatabla a la norma constitucional es ignorar una realidad evidente, y es que los impactos directos de la explotación minera y petrolera se sienten en el ámbito local. La Nación recibe las rentas y el entorno local paga los costos: así podría sintetizarse el sentir de muchos municipios.

Pero las consultas populares sufren del mismo problema que tenía el esquema anterior, y es que apuntan a un todo o nada. Sí o no. De modo que, si un resultado como el de Cajamarca deja satisfechos a sus habitantes, deja necesariamente insatisfechos a quienes tenían la expectativa de que el proyecto rechazado generara actividad económica y rentas para la Nación (una expectativa que, por ser de origen constitucional, no puede calificarse de ilegítima).  Y deja insatisfechas a las empresas que hicieron inversiones sobre la base de un cierto marco normativo en el cual confiaron porque era el vigente.

Necesitamos, entonces, inventarnos un mecanismo nuevo. Un mecanismo cuyo efecto no sea la polarización de intereses sino su confluencia. Un mecanismo en el cual, antes de dar a la empresa la vía libre para que comprometa inversiones y recursos, se consulte los intereses de los habitantes, las comunidades, las autoridades locales, la Nación y demás actores que puedan tener un interés legítimo en esta actividad y sus efectos.

Este mecanismo, a mi modo de ver, debe tener dos características.

La primera: su ejecución ha de ser asumida por el Estado. Mucho nos está costando, tanto a amigos como a enemigos de la actividad extractiva, la pereza del Estado colombiano, que decidió tercerizar en las empresas la ambientación social de estas actividades. Necesitamos que el Estado deje atrás esa indolencia y asuma su papel como árbitro en las diferencias o conflictos sociales asociados a las actividades de alto impacto.

La segunda: debe tener una metodología seria y producir un resultado vinculante. Metodología seria, pues esto no puede convertirse en un simple cabildo o asamblea donde se hable y se hable sin parar: conozco bien esos escenarios, y sé que en ellos gana el que hable más duro, el que tenga menos pudor para irrespetar a los demás, o el que más conciencias logre comprar. Basta que un equipo técnico elabore un mecanismo inspirado en los que se utilizan en técnica de negociación, donde se busca la confluencia de intereses, y que elevemos esa metodología a nivel normativo. Idealmente, ella produciría decisiones en las que, en mayor o menor grado, se dé satisfacción a intereses compatibles, y se busque la compensación o la confluencia creativa de los incompatibles. Pero puede haber casos en los que el resultado sea, por ejemplo, evidentemente adverso a un determinado proyecto, y en ese caso (o en el contrario) debería prevalecer el carácter vinculante del mecanismo.

Esto daría a las empresas la seguridad jurídica que exigen, pues sólo cuando se surta el proceso iniciarían sus inversiones, y lo harían sobre una base más sólida de acuerdo social. Y daría a las comunidades y al entorno local la seguridad que también exigen, pues no volvería a presentarse el caso en el que las empresas, amparadas en sus títulos o concesiones, den marcha a proyectos sin consideración efectiva de las preocupaciones locales.

3 comentarios:

  1. pésimo artículo, conveniente que no hable de los daños reales al medio ambiente, la contaminación de rios y hasta mares, otro partidista más, o de sueldos millonarios a ejecutivos de minerias

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    1. Entonces no leíste bien el articulo. A veces es bueno quitarse los prejuicios para poder leer

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  2. Buena reflexión por parte de Daniel. No podemos vivir más en la polarización. Debemos llegar a un acuerdo social-ambiental-productivo si queremos obtener resultados diferentes como país.

    Javier Ibarra

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