lunes, 6 de marzo de 2017

Lucha contra la corrupción: aumentar penas y endurecer requisitos no ha funcionado ni va a funcionar

En materia de soluciones al problema de la corrupción, la creatividad de los colombianos parece haber alcanzado el mínimo: sólo se nos ocurren medidas de endurecimiento. Endurecimiento de penas, de inhabilidades, de prohibiciones y de trámites. Hemos llegado a extremos de populismo con ideas como la muerte comercial para las empresas que participan en actos de corrupción (como si sus trabajadores, proveedores y pequeños accionistas fueran culpables de lo que hace un directivo), y la idea de Claudia López de que las inhabilidades se extiendan a familiares (a la manera bíblica: sea maldita tu sangre por varias generaciones).
Yo entiendo la rabia, pero ella no excusa la persistencia en el error: esta ruta ya la hemos recorrido antes, sin resultados (de hecho, mientras la hemos ido recorriendo, ha empeorado la corrupción). Desde 1991, Colombia viene endureciendo gradualmente su régimen legal en la materia. Lo que empezó con la pérdida de investidura (muy bienvenida) se ha ido endureciendo con mayores inhabilidades, mayores penas, y mayores requisitos. Clímax de esto fue el cacareado Estatuto Anticorrupción de 2011, el cual endureció todo el régimen e incluso llevó al extremo algunas inhabilidades, cosa que ha complicado la vida a muchas personas y empresas honestas. Pues bien: en las narices de este flamante Estatuto, drástico como ninguno, la corrupción se ha multiplicado y ha llegado a ser el problema número uno del país.
Las estrategias eficaces tienen más inteligencia que dureza. Los pliegos únicos para términos de referencia, por ejemplo, facilitan la actividad de las empresas honestas y dificultan las maniobras corruptas. No abogo por un régimen blando: simplemente advierto que el endurecimiento no ha servido, y no va a servir.

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