martes, 6 de junio de 2017

El sector extractivo no entiende (ni quiere entender) las consultas populares

En 1792, cuando sorpresivamente las tropas de la Francia revolucionaria detuvieron en la batalla de Valmy a los ejércitos de Prusia y del Imperio Alemán, el escritor J. W. Goethe, que viajaba con los nobles alemanes, les dijo a estos: "Ustedes, hoy, en este lugar, han presenciado el advenimiento de una nueva era de la historia". El sector extractivo colombiano, representado en el Ministerio de Minas, la industria minera y petrolera, y una serie de amigos, consultores y columnistas que le son afines, necesita que alguien le diga la verdad, y le diga una frase similar a la de Goethe: lo que ustedes vieron en Cajamarca y Cumaral es la llegada de una nueva era, y la era anterior no va a volver.

En efecto, aquello que la industria extractiva añora, a saber, la era cuando desde unas salas en Bogotá se trazaban líneas en los mapas y se decía "aquí se hará una mina de tal cosa" o "aquí se explorarán y eventualmente se explotarán hidrocarburos" es una era que está quedando en el pasado y que no va a volver. Para bien y para mal (porque también soy consciente de los abusos) la ciudadanía no tolera que se siga decidiendo desde la lejanía, y únicamente con consideraciones macro (regalías, impuestos, aporte al crecimiento) la ejecución de actividades cuyo impacto se siente allí donde ellos viven. Y cualquiera que haya conocido de primera mano los sectores de minas y petróleo sabe que, incluso allí donde estas actividades se practican con los mejores estándares, hay impactos muy drásticos y considerables.

¿Pero cuál es la tónica del sector extractivo frente a este cambio? Es la tónica de la negación y el pataleo. Se siguen apegando a minucias legales, tratando como problema jurídico lo que es un problema político y social. Así, el Presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, por ejemplo, dice que las consultas "no son vinculantes". En esa línea sigue declaraciones del Ministro de Minas, quien también está en estado de negación. Y el pataleo corre por cuenta de consultores y columnistas, que, en lugar de decirles la verdad a las empresas y a las autoridades, se quejan en letanías repetitivas, estilo "así a dónde vamos a llegar", "es que esto no puede ser", "así quién va a invertir", etc, etc.

En lo que todos deberíamos estar trabajando es en encauzar de manera constructiva este cambio de época, este nuevo poder ciudadano. Y lo digo porque, habiendo trabajado ya varios años en el tema de los conflictos entre empresas y sus grupos de interés, sé que el panorama no es blanco y negro. Del lado de las autoridades locales, de los políticos regionales, y de muchas organizaciones comunitarias locales, hay fenómenos endémicos de presión extorsiva, de captura de rentas, de búsqueda de negocios, y de conversión del derecho al trabajo en un negocio manejado por líderes comunales. Y en segundo lugar, porque tampoco es sano irnos al otro extremo: así como es erróneo decidir desde Bogotá la suerte de las regiones, municipios y veredas, es también erróneo pretender que las comunidades puedan tener derecho absoluto de veto sobre lo que es un asunto de interés nacional.

Como escribí después de la consulta de Cajamarca, necesitamos un procedimiento de decisión que sea organizado por el Estado, y mediante el cual se haga una integración de los intereses de todas las partes involucradas: comunidades, ciudadanos locales disidentes, dirigencia local, Estado colombiano, empresas, académicos, etc. E insisto, debe ser un procedimiento formal, no una simple asamblea eterna de deliberaciones sin reglas. Para eso existen ejemplos y herramientas que van desde la teoría de la negociación hasta la teoría de juegos. Pero se puede hacer, y su resultado debe ser vinculante para las dos partes. De lo contrario, seguiremos atrapados en esta absurda e improductiva polarización.

1 comentario:

  1. Mi estimado Andrés este tema depende desde donde se analice, cada vez hay menos inversión en exploración debido a la inseguridad inversionista. Es cierto que estamos frente a un cambio y que debemos afrontarlo y prepararnos. Pero también es cierto que las empresas vienen siendo víctimas de extorsión por parte de líderes corruptos, los empresarios locales estan cartelizando los bienes y servicios, las BACRIM infunden temor y estos son solo algunos ejemplos de lo que pasa y que desde la comodidad de los escritorios no se ven.

    Así las cosas, el futuro de la industria es oscuro, pero al final los perjudicados seremos los colombianos que con nuevas reformas tributarias terminaremos pagando la falta de ingresos que por esta actividad recibe el estado.

    Mi pregunta es: estamos preparados para afrontar una crisis minero energética? Somos conscientes que al final los que perdemos somos los Colombianos y no las empresas.

    Por último, quiero mencionar que el desinterés de los municipios por la industria es tan nuevo como lo es el nuevo sistema de regalías. Si no hay plata para la mermelada no hay interés para que lleguen las empresas a los municipios.

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